«La nueva política migratoria de México ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos»
Ciudad de México, México │Por Ángel Ramírez│Escritor de LAGLvL
México ha anunciado recientemente la cancelación de la emisión de permisos migratorios para transitar o permanecer en el país, una medida que afecta a miles de inmigrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Esta nueva política migratoria se suma al cierre de 33 estancias migratorias que ofrecían alojamiento y asistencia a los extranjeros, y a la limitación de aceptar solo mil deportados al día desde el país vecino.
¿Qué motivó estos cambios en los permisos de tránsito?
México ha argumentado que su política migratoria es soberana y busca proteger los derechos humanos de los migrantes, siguiendo los principios del Pacto Mundial para la Migración de la ONU, que fue el primer país en adoptar. Sin embargo, también ha reconocido que no tiene la capacidad para atender el flujo creciente de personas, principalmente familias de Centroamérica, que aspiran a cruzar la frontera norte.
Además, México ha enfrentado presiones de Estados Unidos, que ha endurecido sus normas de asilo y ha deportado a miles de inmigrantes bajo el Título 42, una disposición sanitaria por la pandemia de Covid-19 que expiró el 12 de mayo. A partir de esa fecha, Estados Unidos ha implementado nuevas reglas que presumen la inelegibilidad para el asilo de quienes ingresen ilegalmente al país, y que aceleran las entrevistas iniciales para decidir quiénes tienen un caso para llevar a la corte.
¿Qué consecuencias tiene esta situación?
La nueva política migratoria de México ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos, que denuncian que vulnera el derecho al asilo y expone a los migrantes a situaciones de riesgo, violencia y explotación. También ha provocado el descontento de algunos gobiernos centroamericanos, que reclaman una mayor cooperación regional para atender las causas estructurales de la migración.
Por otro lado, México ha impulsado el Plan de Desarrollo Integral, que incluye varios proyectos para fomentar el desarrollo económico de Guatemala, Honduras y El Salvador, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El objetivo es mitigar los factores que impulsan la migración, como la pobreza, la violencia, la corrupción y el cambio climático.
La política migratoria de México en 2023 enfrenta así grandes desafíos y dilemas, en un contexto regional complejo y dinámico. El gobierno mexicano tendrá que equilibrar sus intereses nacionales con sus compromisos internacionales, y buscar soluciones integrales y humanitarias para una realidad que afecta a millones de personas.
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