«Sheinbaum afirmó que estos planes se basan en los instrumentos de planeación aprobados por el Congreso local»
Ciudad de México, México │Por Ángel Ramírez│Escritor de LAGLvL
La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció el pasado 25 de mayo una serie de proyectos para impulsar el desarrollo económico y social de la capital del país. Entre ellos se encuentran la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, la ampliación del Metro y el Cablebús, la creación de un parque ecológico en el Bordo de Xochiaca y la rehabilitación del Centro Histórico.
Sheinbaum afirmó que estos planes se basan en los instrumentos de planeación aprobados por el Congreso local, como el Programa General de Ordenamiento Territorial y el Programa de Desarrollo Urbano.
Críticas y cuestionamientos
Sin embargo, algunos analistas y organizaciones civiles han cuestionado la legalidad y la viabilidad de estas iniciativas, al considerar que violan la Constitución de la Ciudad de México y los derechos humanos de los habitantes.
Por ejemplo, el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México señaló que el nuevo aeropuerto internacional, que se ubicaría en la base aérea militar de Santa Lucía, implicaría un grave impacto ambiental y social para las comunidades cercanas. Asimismo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental criticó que el parque ecológico en el Bordo de Xochiaca se construiría sobre un tiradero a cielo abierto que representa un riesgo sanitario.
Además, el Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió que la ampliación del Metro y el Cablebús no resolvería el problema de movilidad en la ciudad, sino que lo agravaría al generar más demanda y saturación. Por otro lado, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias cuestionó que la rehabilitación del Centro Histórico se hiciera sin una consulta previa a los habitantes y comerciantes de la zona.
Debate sobre el futuro de la ciudad
Estas críticas han generado un debate sobre el futuro de la Ciudad de México y el papel de la ciudadanía en la toma de decisiones. Algunos sectores apoyan las propuestas de Sheinbaum y las ven como una oportunidad de desarrollo, mientras que otros las rechazan y las califican como un “Frankenstein jurídico” que atenta contra el interés público.
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